¿Qué puede hacer el Defensor del Pueblo por ti?

Cualquier ciudadano español o extranjero, independientemente de su edad o de su situación legal en España, puede acudir al Defensor del Pueblo, tanto de manera individual como colectiva, presentando una queja, si considera que en su relación con las Administraciones Públicas españolas se han visto vulnerados los derechos reconocidos en la Constitución.

Ademas de presentar sus quejas, los ciudadanos pueden solicitar que el Defensor del Pueblo interponga un recurso de inconstitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional, en los casos y con los requisitos previstos por la ley.

No obstante hay situaciones en los que el Defensor del Pueblo no puede ayudarte, como son cuando:

• El problema está pendiente de una resolución judicial o cuando se plantee, únicamente, la disconformidad con la decisión de un Juez o Tribunal. De todas formas, sí cabe la supervisión del funcionamiento de la Administracisn judicial (retrasos excesivos, trato recibido, etcétera).
• Se trate de un conflicto entre particulares.
• Haya pasado mas de un año desde que se conocieron los hechos objeto de queja.
• Las quejas sean anónimas o carezcan de pretensión concreta.
• Se aprecie mala fe o se presuma que se puede ocasionar un daño a los derechos legítimos de otra persona.

En el caso de que al Defensor del Pueblo no le corresponda investigar una queja, comunica al ciudadano por carta el motivo o las causas de ello y siempre que es posible, intenta orientarle sobre las vías a las que puede acudir, si el interesado lo desea.

Una vez admitida a tramite la queja, el Defensor del Pueblo se pondrá en contacto con la Administración involucrada para obtener información sobre el caso. Durante todo el proceso se mantendra informado al ciudadano acerca de la investigación llevada a cabo y de las respuestas recibidas de la Administración. Finalizada la investigación se le comunican al interesado las conclusiones correspondientes.

Aunque el Defensor del Pueblo no es competente para modificar o anular los actos y las resoluciones de las Administraciones Públicas, en el caso de que concluya que se han vulnerado los derechos fundamentales, puede sugerir o recomendar a cualquier Administración la adopción de medidas para paliar o corregir la situación.

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